Legislar menos, legislar mejor

En una economía globalizada como la actual existen múltiples factores que propician o dificultan la competitividad y expansión de las empresas. La carga y densidad legislativa es uno de los factores del segundo grupo.

En nuestro país, se aprobaron el pasado año 706 normas de distinto rango a nivel estatal, según refleja el informe Legislar menos, legislar mejor, elaborado por CEOE. Si diseccionamos esta cifra en páginas del BOE la cifra asciende a 169.874 páginas. La cifra es aún mayor si nos referimos a Comunidades Autónomas, registrando 813.256 páginas editadas en 2014; un 1.6% respecto a 2013.

Por tipo de norma, mientras que el número de leyes orgánicas ha disminuido desde 2013, el número de leyes registra un aumento continuo desde 2012; pasando a ser el número total de normas estatales de 688 en 2013 a 706 en 2014.

Si atravesamos las fronteras estatales y comparamos la actividad legislativa española con la de nuestros vecinos europeos, únicamente Francia y Reino Unido superan el número de leyes aprobadas en España, con 1752 y 3138 normas aprobadas respectivamente.  A pesar de que la cifra parece claramente superior, se debe tener en cuenta que se trata de modelos jurisdiccionales totalmente distintos. Por ello, y para obtener una comparación más homogénea, la OCDE cuenta con un indicador en el que valora las barreras a la iniciativa privada en los diferentes países, derivadas de la regulación. Según este índice, -con valores de 0 a 6, siendo 6 el nivel más restrictivo-, España con un 2.10 sería el país con más barreras derivadas de la regulación.Legislar mejor

A nivel comunitario resulta interesante también hacer una pequeña comparación de cifras y es que, mientras el Parlamento Europeo aprobó en el curso de toda la legislatura anterior (2009-2014), 1.071 textos legislativos; a nivel estatal España aprobó 706 solo en el trascurso de 2014.

Con estos datos, y teniendo en cuenta la complejidad y densidad del entramado legislativo español, parece más que necesario que se lleven a cabo medidas que reduzcan esta complejidad y volumen de normas que tienen un impacto directo sobre la capacidad de crecimiento económico; pues este elevado nivel de carga administrativa a las empresas, pone barreras a su crecimiento.

Si bien es cierto  que en este sentido se han llevado a cabo mejoras como la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, o el Plan de Racionalización normativa; es necesario seguir en esta línea para garantizar cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico, limitar la proliferación de normas, y que nuestras empresas puedan ser realmente competitivas en el marco de una economía globalizada.