El 50,3% de las facturas se abonaron de forma puntual en España en el cuarto trimestre de 2023. O lo que es lo mismo, prácticamente la mitad de las facturas se abonaron con retraso, según se desprende de los datos del Observatorio de Morosidad del último trimestre del año, que elabora CEPYME, con datos de CESCE e Informa D&B, correspondiente al último trimestre de 2023.
Esta persistente morosidad, que penaliza de manera especial a las pymes representa un coste financiero de 2.600 millones de euros, un 50% más que en el mismo período del año anterior. Una situación que no resulta fácil de afrontar para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menores recursos financieros y capacidad de negociación y que, además deben asumir el incremento de otros costes -energéticos, suministros, laborales, etc.- y los efectos de la inflación, que merman su rentabilidad y su capacidad de negociación para acceder a la financiación necesaria, en un contexto de encarecimiento del dinero, como consecuencia del aumento de los tipos de interés.
Uno de los aspectos más preocupante de la evolución de la morosidad es el estancamiento del Período Medio de Pago (PMP) en torno a los 80 días, veinte por encima del plazo máximo fijado por la ley. En el cuarto trimestre de 2023, el período medio de pago (PMP) se situó en 80,2 días, con un mínimo descenso (0,2 días) respecto del trimestre anterior.
El PMP promedio en 2023 fue de 81,8 días, el más bajo desde 2017, pero superior al de 2015 (81 días) y todavía muy por encima del período máximo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
